Opinión de las personas con discapacidad sobre los recursos dispuestos para su atención

(2018) Con la colaboración de la Dirección General de Políticas de Discapacidad.

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El Plan de Acción de la Estrategia Española sobre Discapacidad 2014-2020 es el instrumento de desarrollo de la estrategia. Las líneas de acción de este Plan se enmarcan en la Convención Internacional sobre los Derechos de la Personas con Discapacidad (2006) de la ONU, en las directrices de la Estrategia Europea sobre Discapacidad 2010- 2020, en la Estrategia Europa 2020 y en las previsiones de la Estrategia Española sobre Discapacidad. Además, la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social constituye el referente legal y de principios en los que se inspira el Plan.

El Plan de Acción está orientado hacia la eliminación de las causas de discriminación, al partir de la idea de que la igualdad de derechos de todas las personas ha de ser el referente para cualquier medida que pretenda actuar sobre las condiciones de exclusión en las que frecuentemente se encuentran las personas con discapacidad. El Plan está estructurado en cinco ejes o áreas que se desarrollan a través de objetivos operativos y de actuaciones concretas. El eje denominado “Igualdad para todas las personas” persigue el objetivo estratégico de garantizar la plena igualdad de las personas con discapacidad en el ejercicio de todos sus derechos con el resto de los ciudadanos. Dentro de ese objetivo estratégico se enmarca el Objetivo operativo 3:

Promover la participación de las personas con discapacidad, en condiciones de igualdad en la vida política, económica y social, que contempla como actuación concreta la siguiente:
23.- Tener en consideración la opinión de las personas con discapacidad en la creación y funcionamiento de los recursos dispuestos para su atención. Por su parte, el artículo 21 de la Convención Internacional sobre los Derechos de la Personas con Discapacidad (2006), reconoce los derechos de las personas con discapacidad a la libertad de expresión, de opinión y de acceso a la información:

a) Alentar a las entidades privadas que presten servicios al público en general, incluso mediante Internet, a que proporcionen información y servicios en formatos que las personas con discapacidad puedan utilizar y a las que tengan acceso (art. 21, c).

b) Alentar a los medios de comunicación, incluidos los que suministran información a través de Internet, a que hagan que sus servicios sean accesibles para las personas con discapacidad (art. 21, d). En los últimos años se están produciendo cambios muy importantes en la política pública y en el funcionamiento de las organizaciones que trabajan con personas con discapacidad, lo que lleva a situarlas en el centro de todo el proceso de planificación de apoyos y a darles un papel activo en el mismo. Este papel activo debe permitirles dar su opinión sobre sus intereses o sobre lo que quieren conseguir en su vida. De hecho, el reciente Comentario General Nº 7 (2018) de Naciones Unidas sobre la Convención se ha centrado en regular con máxima precisión y claridad la participación de las personas con discapacidad, a través de sus organizaciones representativas, en la implementación y supervisión de la propia Convención. Esto se relaciona directamente con un impacto más positivo de los procesos de toma de decisión sobre cualquier aspecto a regular sobre las personas con discapacidad.

Las personas con discapacidad, para realizar las distintas actividades de su vida diaria, necesitan diferentes servicios, y también una serie de apoyos que van más allá de la accesibilidad de los entornos. Son numerosas las ocasiones, y hay estudios que lo constatan, en las que a las familias, y a veces a los profesionales, se les ha pedido la opinión que tienen acerca de los servicios y atenciones prestados a sus hijos o usuarios con discapacidad. No obstante, lo más importante hoy es preguntarles directamente a las personas. Y este es, precisamente, el objetivo planteado en este estudio.

El “Estudio sobre la opinión de las personas con discapacidad acerca de los recursos dispuestos para su atención” es un trabajo fruto de la colaboración entre la Dirección General de Políticas de Discapacidad de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales (Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social), entidad que realiza la demanda y entidad financiadora y patrocinadora, y el Instituto Universitario de Integración en la Comunidad (INICO) de la Universidad de Salamanca, entidad responsable de su ejecución.

El objetivo es llevar a cabo un estudio sobre la opinión de las personas con discapacidad en la creación y funcionamiento de los recursos dispuestos para su atención. Para conseguir este objetivo el equipo de investigación diseñó una encuesta a la que se pudo acceder libremente a través del enlace https://surveyinico.usal.es/index.php/489245?lang=es. La encuesta la podría responder la persona con discapacidad, o en algunos casos otra persona que le conociera muy bien, ya fuera un familiar o un profesional.

El equipo de investigación del INICO que ha llevado a cabo este trabajo está formado por:
– Miguel Ángel Verdugo Alonso, director del estudio e Investigador Principal.
– Manuela Crespo Cuadrado, coordinadora.

Además, han colaborado: Alba Aza Hernández, Pilar Porras Navalón, David Aparicio Sánchez, Teresa Nieto Sánchez y Mónica Santamaría Domínguez.

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